La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de haber participado en un supuesto acuerdo ilícito para favorecer proyectos del Gobierno en el Congreso. Según el ente acusador, existió un “pacto criminal” que buscaba asegurar mayorías parlamentarias mediante la entrega de beneficios y contratos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios que vinculan a los exfuncionarios con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Sin embargo, tanto Bonilla como Velasco rechazaron los señalamientos y reiteraron su inocencia.
Tras la negativa de los exministros a aceptar los cargos, la Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario. El argumento es que los exfuncionarios podrían representar un riesgo para el proceso judicial y para la sociedad, en un caso que ya concentra la atención pública por su impacto político e institucional.
