La crisis hospitalaria en Colombia dejó de ser una advertencia y se convirtió en una realidad devastadora. Clínicas en distintos departamentos han tenido que suspender servicios por falta de recursos para pagar a proveedores, empleados y garantizar atención médica básica. En el Cesar, la gerente de la Clínica del Cesar, Lina Lima, rompió en llanto durante un debate de control político, al declarar que “esto ya no es una crisis, es un colapso” que pone en riesgo la vida de miles de pacientes.
El drama se replicó en la Asamblea del Cesar, donde diputados como Claudia Margarita Zuleta, María Cecilia Mesa y Jesús Suárez reunieron a prestadores, aseguradores y representantes del Gobierno para evidenciar que, aunque el 98% de los colombianos está asegurado, el sistema está financieramente asfixiado. Clínicas sin insumos, médicos sin salario y pacientes sin medicamentos son el nuevo rostro de la salud pública.
El presidente Gustavo Petro ha sido claro: no salvará a las EPS, aunque promete proteger la salud de la gente. Pero ¿cómo hacerlo si no hay presupuesto, si la corrupción devoró los recursos y si las deudas con prestadores superan los 33 billones de pesos? La intervención de entidades como Nueva EPS y Sanitas ha dejado más dudas que soluciones, con millones de facturas sin procesar y pérdidas patrimoniales alarmantes.
Mientras el Gobierno habla de transformación, los ciudadanos se preguntan a dónde acudir. Las urgencias están saturadas, los tratamientos suspendidos y los medicamentos escasean. El sistema está al borde del colapso total, y la única certeza es que la salud, como lo advirtió el propio presidente, podría terminar en un “fracaso absoluto”.