El Gobierno de Gustavo Petro presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía por presuntos “crímenes de guerra” cometidos por grupos armados que han secuestrado y retenido a militares y policías en distintas regiones del país. La acción fue liderada por el viceministro del Interior, Héctor Gabriel Rondón, quien aseguró que estas organizaciones estarían violando el Código Penal y normas del derecho internacional humanitario al usar a la población civil como escudo para presionar el retiro de la Fuerza Pública.
La denuncia hace referencia a hechos recientes como la retención de 72 militares en El Tambo, Cauca, presuntamente a manos de la disidencia Carlos Patiño, así como otros episodios ocurridos en Huila y Cauca durante 2025. Según el relato de las autoridades, en varios casos los líderes comunales fueron presionados para movilizar a la población contra el Ejército, generando cercos y hasta intentos de agresión a los uniformados. Para el Gobierno, estas acciones no pueden verse como simples “retenciones”, sino como delitos graves que ponen en riesgo a las comunidades y a la Fuerza Pública.
Rondón pidió a la Fiscalía abrir investigaciones contra los máximos responsables de las disidencias señaladas, entre ellos cabecillas del autodenominado Estado Mayor Central. Aunque la medida marca un giro en el discurso oficial frente a los grupos armados, también genera debate, pues el mismo Gobierno ha promovido diálogos y alivios judiciales para estas organizaciones.