El pasado 9 de diciembre, el Congreso de la República archivó la reforma tributaria impulsada por el presidente Gustavo Petro, una de las apuestas centrales de su Gobierno del Cambio. La iniciativa buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, pero terminó hundida con 9 votos en contra y 4 a favor en la Comisión Cuarta del Senado. El hecho desató un nuevo pulso político entre el Ejecutivo y la oposición, que desde hace meses venía cuestionando la transparencia en el manejo de recursos y la forma como se negociaban apoyos en el legislativo.
La discusión se dio en Bogotá, en medio de un ambiente cargado de tensión. Mientras el Gobierno defendía la reforma como necesaria para garantizar programas sociales y cerrar el déficit fiscal, sectores opositores señalaron que detrás del proyecto había “mermelada” y prácticas cuestionables que debilitaban la credibilidad del oficialismo. El propio presidente Petro había negado acusaciones de corrupción en el trámite de la reforma pensional meses atrás, pero los escándalos recientes en entidades públicas y las fracturas internas de su coalición terminaron pesando en la decisión del Congreso.
El hundimiento de la reforma no solo refleja un choque de poderes, sino también el desgaste político del Gobierno del Cambio. La oposición celebró la caída del proyecto como un triunfo contra lo que consideran un manejo irregular de los recursos, mientras el Ejecutivo advirtió que la falta de aprobación obligará a recortar el presupuesto del próximo año.
