El presidente Gustavo Petro salió al paso al reclamo del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien pidió reactivar de inmediato las extradiciones de jefes de grupos armados que hoy negocian la paz con el Gobierno. El diplomático aseguró que suspender estos procesos debilita la lucha conjunta contra el narcotráfico, pero Petro fue claro: “El presidente obedece la ley colombiana, no órdenes de gobiernos extranjeros”.
El debate gira en torno a tres cabecillas: alias Araña, de los Comandos de la Frontera; alias HH, de los Comuneros del Sur; y alias Mocho Olmedo, del frente 33 de las disidencias de las Farc. Los tres se encuentran en procesos de diálogo, razón por la cual sus extradiciones fueron suspendidas amparadas en la Ley 2272 de 2022. Según el Gobierno, esta norma permite esa decisión siempre que existan avances reales en las mesas de paz.
Petro defendió que su administración ha extraditado más de 400 personas, superando incluso a gobiernos anteriores, y que solo estos tres casos se frenaron por razones legales y de paz. Aun así, la polémica crece en medio de la descertificación condicionada de Colombia por parte de Washington, que considera insuficientes los esfuerzos contra el narcotráfico. Para el presidente, se trata más de una decisión política que de resultados: “Las cifras hablan por sí solas”, insistió.