La mañana del jueves 9 de octubre de 2025, el corregimiento de Robles, zona rural del municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, fue escenario de un nuevo atentado terrorista que dejó a la comunidad en estado de pánico. Dos cilindros bomba fueron lanzados contra la subestación de Policía, provocando una potente explosión que destruyó viviendas cercanas y dejó al menos nueve personas heridas, entre ellas dos menores de 4 y 5 años.
El ataque fue perpetrado por presuntas disidencias de las FARC, específicamente el frente Jaime Martínez, que opera en los límites entre el Valle y el Cauca. Los artefactos explosivos fueron activados a pocos metros de la estación policial, generando una onda expansiva que afectó gravemente la infraestructura y varias casas del sector.
Tras la detonación, se presentó un hostigamiento armado que fue repelido por los uniformados. La comunidad quedó confinada, se suspendieron las clases y el comercio cerró sus puertas. La Alcaldía de Jamundí activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional y brindar atención médica y psicosocial a los afectados.
Estas acciones violentas buscan desestabilizar la presencia institucional, intimidar a las comunidades y reafirmar el control territorial de los grupos armados ilegales. La ausencia del Estado en zonas rurales facilita el accionar de estas estructuras, que operan con impunidad y generan zozobra.
La preocupación es legítima. El departamento del Cauca ha sido blanco de ataques similares en meses recientes, como el atentado con cilindros bomba en El Tambo. La reactivación de estas tácticas terroristas sugiere un patrón de violencia que podría repetirse, especialmente si no se refuerza la seguridad en los corredores estratégicos entre Valle y Cauca.