La revelación de documentos incautados al jefe disidente Calarcá Córdoba, que vinculan al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de inteligencia Wilmar Mejía con propuestas para crear una empresa fachada de seguridad, estalla en plena negociación de paz con las disidencias de las FARC. Aunque la Fiscalía tenía esta información desde hace más de un año, solo ahora se conoce públicamente, lo que abre sospechas sobre un manejo político de la filtración y pone en entredicho la transparencia institucional.
El impacto sobre el presidente Gustavo Petro es inmediato: mientras defiende la “paz total”, se destapan presuntos vínculos de altos funcionarios con los mismos grupos armados que negocian con el Estado. La oposición ya utiliza el escándalo como prueba de corrupción y penetración de la ilegalidad en las instituciones, debilitando la credibilidad del Gobierno en materia de seguridad y negociación.
Judicialmente, la Fiscalía deberá explicar por qué no avanzó en un caso que podría derivar en procesos por concierto para delinquir y revelación de secretos de Estado.
Para la guerrilla, la filtración es una carta de presión: exhibe acceso a información privilegiada, muestra la vulnerabilidad del Estado y busca ganar margen de maniobra política en la mesa de negociación. Las consecuencias para Colombia son profundas: erosión de la confianza en las Fuerzas Armadas y la inteligencia, mayor polarización política y riesgo de fractura en el proceso de paz, mientras las disidencias aprovechan la crisis institucional para fortalecer su posición.
