La Fiscalía dio un nuevo golpe dentro del escándalo de Centros Poblados, al ordenar la extinción de dominio sobre 23 bienes que superarían los 65.000 millones de pesos. Según las autoridades, estas propiedades, entre ellas lotes, parqueaderos y sociedades comerciales, estarían relacionadas con el empresario Emilio José Tapia Aldana, algunos de sus presuntos socios y familiares. La medida busca frenar el uso de recursos que, de acuerdo con las investigaciones, habrían salido de las irregularidades en el contrato firmado con el MinTIC para llevar internet a escuelas rurales.
El proceso también cobija un inmueble vinculado a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, con base en decisiones fiscales previas de la Contraloría. La Fiscalía explicó que los bienes fueron embargados y puestos bajo medidas cautelares mientras se adelanta la investigación. Aunque todavía no hay sentencia definitiva, este paso judicial refleja la magnitud del caso y la intención del Estado de recuperar lo que se presume fue adquirido con dineros públicos desviados.
El escándalo de Centros Poblados sigue siendo tema central en la agenda nacional, pues el contrato estaba diseñado para conectar a miles de estudiantes en zonas apartadas del país. La indignación ciudadana se mantiene viva porque el proyecto, que debía cerrar brechas digitales, terminó destapando uno de los mayores episodios de corrupción en los últimos años. Ahora, con la extinción de dominio, se abre la posibilidad de que parte de esos recursos regresen al patrimonio público y se avance en la búsqueda de justicia.
