El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés tras la decisión de un juez de la República de embargar sus cuentas debido a una millonaria deuda con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales.
La noticia fue dada a conocer por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la situación como un hito en las acciones legales emprendidas contra el Ejecutivo.
Según Gutiérrez, el Gobierno Nacional no ha cumplido con el pago total de los subsidios a las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3, una obligación que data del año pasado. «Intentamos abrir canales de diálogo en múltiples ocasiones, pero nunca obtuvimos respuesta. Por eso, acudimos a la justicia», afirmó el alcalde.
El documento oficial detalla que la deuda asciende a $41.654.551.225, correspondiente a saldos insolutos derivados de resoluciones específicas. Además, se suman $5.258.957.894 en intereses moratorios calculados a la tasa máxima legal permitida.
Este embargo marca un precedente en las relaciones entre el Gobierno Nacional y las entidades locales, mientras EPM busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras que afectan directamente a sus operaciones y a los usuarios del servicio.