La guerra entre grupos ilegales volvió a convertir a Briceño en un campo de desplazamiento masivo. Más de 2.000 campesinos, casi 1.000 familias fueron obligados a abandonar sus parcelas en 23 de las 34 veredas del municipio, tras recibir amenazas directas de las Disidencias del Frente 36 de las FARC, al mando de alias Calarcá. Según denuncias de la comunidad, los hombres armados recorrieron casa por casa advirtiendo que solo una persona podía permanecer en cada vivienda, mientras el resto debía huir de inmediato hacia el casco urbano.
La orden se dio en medio de una escalada de tensión por el posible enfrentamiento entre las disidencias y el Clan del Golfo, que estaría intentando ingresar a la zona. El resultado: un éxodo silencioso pero masivo que desbordó por completo la capacidad de respuesta de la Alcaldía. “Esperábamos máximo 200 personas, pero ya van más de 2.000”, confirmó el secretario de Gobierno local. Muchos desplazados han tenido que autoalbergarse en casas de familiares, mientras otros duermen en parques y salones comunales sin garantías mínimas.
La situación ha sido calificada como una crisis humanitaria sin precedentes en el municipio. El alcalde de Briceño aseguró que “no se había visto un desplazamiento masivo como este”, y clamó apoyo urgente al Gobierno Nacional y organismos internacionales. Mientras tanto, el miedo se apodera de las veredas vacías, convertidas en terreno de guerra entre estructuras armadas que imponen su ley a sangre y fuego.
Este nuevo episodio revive el fantasma del conflicto armado en Antioquia y pone en evidencia la fragilidad institucional frente al control territorial de grupos ilegales. La población civil, una vez más, queda atrapada entre fusiles ajenos, sin garantías ni protección efectiva. El drama de Briceño exige respuestas inmediatas, pero también una revisión profunda del modelo de seguridad rural en Colombia.