Donald Trump anunció en Truth Social que su gobierno designó al régimen venezolano como “organización terrorista extranjera” y ordenó un “bloqueo total y completo” de los petroleros que entran y salen de Venezuela. La medida, presentada como inmediata, abre un escenario de tensión diplomática y jurídica, pues afecta directamente la soberanía venezolana y plantea interrogantes sobre el alcance del derecho internacional.
Para Estados Unidos, la decisión podría traducirse en beneficios estratégicos. Al frenar la salida de crudo venezolano, Washington busca reforzar su control sobre el mercado energético y reducir la influencia de Caracas en la región. Presuntamente este bloqueo facilitaría la consolidación de acuerdos con otros países productores, fortaleciendo la seguridad energética interna y limitando la capacidad de Venezuela de financiar alianzas políticas contrarias a los intereses estadounidenses.
Al mismo tiempo, la medida abre espacio para que empresas estadounidenses y aliadas ocupen el vacío que deja Venezuela en el mercado, generando oportunidades económicas y comerciales que refuerzan la posición de Washington como potencia energética. Aun así, la jugada de Trump se presenta como un golpe de efecto que, bajo la presunción de seguridad y control, busca blindar los intereses de Estados Unidos en un terreno tan sensible como el petróleo.
