El gobierno de Nicolás Maduro encendió las alarmas el pasado jueves 9 de octubre al solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. La petición fue enviada al embajador ruso Vassily Nebenzia, actual presidente del Consejo, y busca frenar lo que Caracas considera una amenaza directa: el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, a escasas millas de las costas venezolanas. Según el comunicado firmado por el representante Samuel Moncada, la presencia de destructores, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear pone en riesgo la paz regional.
Maduro sostiene que la operación estadounidense, presentada como parte de una estrategia antidrogas, es en realidad una maniobra para intimidar y promover un cambio de régimen. En la carta, Venezuela denuncia más de mil medidas coercitivas impuestas por Washington en la última década y asegura que no hay evidencia de rutas de narcotráfico significativas en el Caribe. Además, cita declaraciones recientes del presidente Donald Trump que, según Caracas, confirman intenciones bélicas.
Como respuesta, el régimen activó ejercicios militares en los estados costeros de La Guaira y Carabobo, bajo el nombre “Independencia 200”. Maduro advirtió que estas maniobras se repetirán de forma sorpresiva y llamó a la población a mantenerse alerta.