Estados Unidos anunció el fin del programa de reunificación familiar (Family Reunification Parole, FRP) para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La medida, comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obliga a miles de inmigrantes que estaban amparados bajo este beneficio a abandonar el país a mediados de enero si no cuentan con otra alternativa legal para permanecer.
El FRP permitía que familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales pudieran ingresar y permanecer en el país mientras avanzaban sus trámites migratorios. Sin embargo, la administración Trump argumentó que el programa fue objeto de abusos y que personas “poco verificadas” lograron eludir los procesos tradicionales de residencia. Por ello, se decidió regresar a un esquema caso por caso, como lo establece la ley del Congreso.
La decisión afecta directamente a cientos de colombianos que habían encontrado en este mecanismo una vía para reunirse con sus familias y trabajar legalmente en Estados Unidos. Con la terminación del programa, también se revocarán las autorizaciones de empleo asociadas, dejando a muchos en la incertidumbre y obligándolos a salir del país antes del 14 de enero de 2026, salvo que tengan una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y aún pendiente.
El DHS asegura que la medida busca reducir riesgos de fraude y priorizar la seguridad nacional, pero para los afectados la realidad es otra: familias divididas, proyectos truncados y un futuro incierto. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿se trata de un ajuste técnico o de una política que golpea directamente a los migrantes más vulnerables? Y, sobre todo, ¿quién será señalado como el verdadero culpable de cerrar las puertas a miles de colombianos en Estados Unidos?
