El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado una de las iniciativas más contundentes de su gobierno: la construcción de una prisión destinada exclusivamente para políticos y funcionarios que hayan incurrido en corrupción. La medida busca no solo encarcelar a los responsables, sino también recuperar los bienes desviados del erario, asegurando que cada centavo regrese al pueblo.
“Quien roba al Estado le quita salud, educación y seguridad a millones de familias”, señaló Bukele, al presentar la propuesta que ha encendido el apoyo popular. En diferentes puntos del país, ciudadanos celebraron lo que consideran un paso histórico para acabar con la impunidad que por años blindó a la clase política.
El mandatario explicó que el castigo no será solo privativo de la libertad: los corruptos perderán todo lo que hayan obtenido de manera ilícita.
El anuncio llega tras la dura ofensiva de Bukele contra las pandillas, que redujo drásticamente la violencia en el país. Ahora, el gobierno afirma que el siguiente objetivo es acabar con el “enemigo más antiguo y dañino” de la nación: la corrupción.
Analistas internacionales destacan que El Salvador podría convertirse en un referente regional si logra demostrar que las estructuras de poder no están por encima de la ley.