Luego de que Estados Unidos confirmara la desertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, el presidente Petro reaccionó con un fuerte pronunciamiento en el que aseguró que su gobierno no permitirá más presiones externas “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos a la sustitución voluntaria a la forzada, ojo, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos”.
Petro también cuestionó la dependencia histórica de las Fuerzas Armadas frente a Washington y anunció un cambio de enfoque en el suministro de armamento: “Se acaba la dependencia del ejército de Colombia del armamento de los Estados Unidos, no más limosna ni regalos, ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace, con nuestros recursos propios; si no, no será un ejército de la soberanía nacional”.
El mensaje ha generado un amplio debate político y social, surgen interrogantes sobre la viabilidad de que Colombia desarrolle su propia industria armamentista, los costos que esto implicaría y si realmente traería beneficios al pueblo colombiano en términos de seguridad y recursos públicos.
¿Podría esta medida significar un fortalecimiento de la soberanía nacional o representaría una carga fiscal mayor para los colombianos? ¿Sería el inicio de un modelo de defensa más autónomo o un riesgo de aislamiento estratégico frente a aliados internacionales?
El pronunciamiento del presidente abre una discusión de fondo sobre el futuro de la cooperación militar con Estados Unidos y que otras relaciones, convenios u tratados se pueden ver afectados en el futuro por esta decisión