Durante su gira diplomática por Israel en octubre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una de las declaraciones más contundentes contra el régimen venezolano: “No vamos a permitir que un cartel opere o se haga pasar por gobierno dentro de nuestro propio hemisferio”. La frase, dirigida directamente a Nicolás Maduro, resume la postura oficial de Washington ante lo que considera una amenaza criminal y no meramente política. Rubio reafirmó que Maduro no es reconocido como presidente legítimo por más de 50 países y que enfrenta cargos formales por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York.
La acusación contra Maduro no es nueva, pero ha escalado en gravedad. Según Rubio, el líder chavista encabeza el llamado Cartel de los Soles, una red criminal que utiliza el aparato estatal venezolano para traficar drogas hacia Estados Unidos. “Hay pruebas, hay cargos y hay una red criminal detrás suyo”, afirmó en entrevista. La recompensa por su captura fue aumentada, no como gesto simbólico, sino como respuesta directa a la magnitud de las acusaciones. Rubio dejó claro que esta no es una cruzada ideológica, sino una operación de seguridad nacional: “Cuando tú envías drogas a Estados Unidos, no es una cuestión interna, es una agresión directa”.
En medio de este escenario, Maduro respondió desde Caracas con un discurso desafiante, acusando a la CIA de promover golpes de Estado y negando cualquier vínculo con el narcotráfico. Sin embargo, la postura de Rubio y del gobierno estadounidense se mantiene firme: Maduro no es un presidente, es un fugitivo, y su régimen no será tolerado como fachada de una organización criminal. La advertencia está lanzada, y el hemisferio observa cómo se redefine la frontera entre diplomacia y justicia penal.