En la madrugada del 25 de diciembre, Venezuela amaneció con un anuncio inesperado: la excarcelación de 71 personas detenidas tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024. La noticia, difundida por organizaciones de familiares, se convirtió en un golpe mediático que mezcla esperanza y zozobra. Desde la cárcel de Tocorón, en Aragua, salieron al menos 60 hombres; en Las Crisálidas fueron liberadas 9 mujeres, y en La Guaira, 3 adolescentes.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró la medida como “una victoria para la verdad y la esperanza”, aunque subrayó que cada nombre liberado es apenas un fragmento de una lista mucho más larga de reclusión injusta. Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció que la excarcelación es insuficiente y exigió una Amnistía General, recordando que centenares de familias siguen atrapadas en la angustia de la persecución política.
Entre los liberados figura un caso emblemático: la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, condenada a 30 años de prisión en noviembre por enviar un mensaje de audio crítico contra Nicolás Maduro antes de las elecciones del 28 de julio. Su excarcelación expone las contradicciones de un sistema judicial que castiga la disidencia con penas desproporcionadas, mientras se presenta como garante de reconciliación.
