Marggie Orozco, médica general de 65 años, fue condenada a la pena máxima en Venezuela 30 años de prisión por enviar un audio de WhatsApp en el que criticaba al presidente Nicolás Maduro e invitaba a participar en las elecciones presidenciales de 2024. La sentencia, dictada por un tribunal en el estado Táchira, se sustenta en los cargos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”, según denunciaron las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón y otras entidades defensoras de derechos humanos.
La detención de Orozco ocurrió en agosto de 2024, en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro. Dirigentes comunitarios afines al chavismo habrían denunciado el audio, lo que desencadenó su captura y posterior traslado al Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana. Desde entonces, su estado de salud se ha deteriorado gravemente: ha sufrido dos infartos en los últimos años y padece depresión crónica tras la pérdida de dos hijos.
El caso ha generado alarma internacional por el uso desproporcionado del aparato judicial para castigar la disidencia. Diversas voces han calificado la condena como una muestra de represión extrema, donde incluso una opinión privada compartida por mensajería instantánea puede costar décadas de libertad. De cumplir la sentencia completa, Orozco saldría de prisión a los 95 años, en un país donde la justicia parece servir más a la protección del poder que a la defensa de los derechos fundamentales.
