El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la acción señalando al régimen venezolano como responsable de “violencia terrorista” en el hemisferio, lo que elimina cualquier posibilidad de trato diplomático convencional con quienes, según la administración estadounidense, usurpan el poder en Venezuela. La medida se suma a sanciones previas y marca un nuevo nivel de confrontación política y militar entre ambos países.
La designación implica que Estados Unidos podrá congelar activos, perseguir colaboradores y ampliar sanciones legales y financieras contra quienes tengan vínculos con el Cártel de los Soles. Además, abre la puerta a operaciones militares bajo el argumento de seguridad nacional, en un contexto donde Washington asegura que este grupo es responsable de tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa, así como de violencia transnacional.
Desde Caracas, el régimen ha rechazado estas acusaciones, calificándolas como una “infame y vil mentira” destinada a justificar una intervención militar. El caso sigue generando tensión internacional y debate sobre las implicaciones de que un gobierno sea señalado como organización terrorista, un hecho sin precedentes en la región.
