El abogado Juan Carlos Burgos Jiménez denunció públicamente una práctica que, según él, se ha vuelto común en Montería, Córdoba: contratistas de la empresa Afinia estarían reemplazando medidores de energía sin informar a los usuarios. Burgos asegura que estos cambios se hacen de forma oculta, incluso en horarios no hábiles, y que los nuevos dispositivos se instalan en lugares inaccesibles, lo que impide su lectura y lleva a cobros estimados que disparan el valor de las facturas.
La denuncia señala que esta práctica vulnera varios artículos de la Ley 142 de 1994, que protege los derechos de los usuarios de servicios públicos. Según el abogado, los medidores son propiedad del usuario y solo pueden ser cambiados con previo aviso y justificación técnica. Además, advierte que colocar los equipos en zonas donde no pueden ser leídos facilita cobros arbitrarios, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos. En algunos casos, el consumo registrado pasó de $280.000 a más de $1.400.000 sin explicación clara.
Burgos también alertó sobre una posible irregularidad penal, al considerar que el cambio masivo de medidores podría estar relacionado con un presunto peculado por apropiación en favor de terceros. Por eso, hizo un llamado a los usuarios que estén dentro de las circunstancias que posiblemente incurran en un delito por parte de los funcionarios de Afinia con este tipo de prácticas presentar ante la Fiscalía la correspondiente denuncia para que esta entidad dentro de sus facultades admita si se configura o no el delito de peculado en favor de terceros con este tipo de prácticas. “No podemos seguir permitiendo que se vulneren los derechos de los usuarios sin control ni sanción”, concluyó.