En medio de un ambiente de alta tensión política y de seguridad, la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, quedó en el centro de la controversia tras denuncias conocidas por la revista Semana. Según testimonios de cinco generales en servicio y tres en retiro, la congresista y su círculo cercano habrían ejercido presión para detener operativos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios en municipios de Antioquia como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.
Los oficiales aseguraron que recibieron llamadas de Zuleta, su hermana Lina Zuleta y asesores como Johan Edisson Giraldo, solicitando frenar combates y procedimientos. Aunque los testimonios fueron expuestos ante medios de comunicación, aún no se conocen pruebas judiciales concluyentes, por lo que la información se maneja bajo el terreno de la presunción.
La senadora respondió a las acusaciones señalando que su papel como defensora de derechos humanos consiste en exigir que las operaciones militares respeten la ley y no afecten a la población civil. Sin embargo, las denuncias han reavivado el debate sobre los límites entre la política de “Paz Total” y la posible interferencia en la labor de la Fuerza Pública.
El caso, que ya llegó a instancias como el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre dirigentes políticos y las operaciones contra estructuras criminales. Mientras no haya pronunciamientos oficiales de las autoridades judiciales, las acusaciones contra Zuleta se mantienen en el terreno de la controversia y la opinión pública.
