La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, tras una denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 16 de septiembre. El exmandatario acusa al ministro de interferir en su proceso penal, emitir mensajes de odio y vulnerar su derecho al debido proceso, luego de que Montealegre lo calificara en reiteradas ocasiones como “criminal de guerra” a través de mensajes de WhatsApp y publicaciones académicas.
Uribe sostiene que el lenguaje utilizado por Montealegre, quien coordina las relaciones entre el Gobierno y la justicia, genera un ambiente hostil que podría influir en los jueces encargados de su caso. En su queja, el expresidente afirma que el ministro ha deshonrado la dignidad del cargo, hostigado a profesores y abogados, y cometido faltas disciplinarias como abuso de función pública, desviación de poder y conflicto de intereses. “El ministro debería ser un faro moral, no un agitador político”, sentenció Uribe.
La Procuraduría, al valorar los argumentos, determinó que los hechos denunciados ameritan una indagación previa para establecer si hubo infracción al régimen disciplinario. Entre las pruebas ordenadas, se escuchará al expresidente en ampliación de la queja y se solicitará a la Universidad Externado información sobre posibles manifestaciones del ministro en su blog de Derecho Penal, especialmente si ha emitido opiniones contra el rector Hernando Parra o el profesor Yesid Reyes.
Este nuevo capítulo en la confrontación entre Uribe y Montealegre reaviva las tensiones entre el poder judicial y el político, en un país donde las palabras de un ministro pueden convertirse en munición institucional. ¿Es libertad de expresión o abuso de poder? La Procuraduría ya tomó nota.