La Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia, que halló probado que el oficial retirado intentó interferir en una investigación penal contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de haber financiado estructuras paramilitares de los hermanos Castaño para el despojo de más de 20.000 hectáreas de tierra en el norte del país.
Según la investigación, Palomino visitó personalmente la residencia de la fiscal Sonia Velásquez, encargada del caso, para pedirle que “dejara la investigación pendiente”. La fiscal, consciente de la gravedad del hecho, grabó la conversación en la que el general invocaba el respaldo de “amigos poderosos”, entre ellos un expresidente de la República y el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de frenar la orden de captura contra Gallo Restrepo.
El fallo de la Corte Suprema considera que Palomino abusó de su posición como exdirector de la Policía para ejercer presión indebida sobre una funcionaria judicial, atentando contra la independencia de la justicia y el principio de legalidad. La sentencia representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de despojo de tierras y nexos entre élites económicas y estructuras armadas ilegales.
Este caso también reabre el debate sobre las redes de poder que han protegido históricamente a empresarios vinculados al paramilitarismo, y pone en evidencia cómo figuras de alto rango en las instituciones del Estado han actuado como intermediarios para garantizar su impunidad.