La muert3 de siete menores reclutados por las disidencias en un bombardeo en Guaviare volvió a desatar una tormenta nacional. La Justicia Penal Militar decidió abrir una indagación formal sobre la operación, mientras crecen las dudas y señalamientos contra las Fuerzas Armadas por la manera en que se ejecutó el ataque aéreo.
El operativo, inicialmente celebrado como un golpe exitoso contra el grupo de “Iván Mordisco”, cambió de tono tras la confirmación de Medicina Legal, entre los 20 muertos había siete menores de edad. Desde entonces, opositores, defensores de derechos humanos y organismos de control reclaman claridad sobre si se respetaron los protocolos para evitar bajas civiles en operaciones militares de alto riesgo.
A la decisión de la Justicia Penal Militar se sumó la Procuraduría, que también abrió indagación disciplinaria. La entidad advirtió que revisará si hubo fallas operacionales que contribuyeron a la muerte de los menores y aseguró que, de confirmarse irregularidades, aplicará sanciones. Al mismo tiempo, reiteró que el reclutamiento forzado sigue siendo uno de los crímenes más atroces cometidos por las disidencias y recordó que su uso de niños como escudos humanos no tiene ningún tipo de justificación.
Mientras avanza la investigación, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa defienden la operación argumentando que los uniformados se enfrentaban a una amenaza inminente. Sin embargo, las críticas no paran: varios sectores recuerdan que Petro fue uno de los más duros detractores de bombardeos en los que murieron menores durante gobiernos anteriores.
