El presidente Gustavo Petro finalmente autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, considerado el máximo jefe de la banda criminal La Inmaculada. El documento oficial firmado por el mandatario ordena su entrega inmediata a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por tres delitos relacionados con la fabricación, distribución y tráfico de cocaína. La decisión marca un giro en la postura del Gobierno, que hasta ahora había mantenido abierta la posibilidad de incluir a este grupo en eventuales diálogos de paz.
La extradición de Pipe Tuluá llega en un contexto cargado de tensión política. En semanas recientes, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó fuertes acusaciones contra Petro, cuestionando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Aunque el Gobierno colombiano no ha reconocido influencia externa en la decisión, el momento en que se firma la extradición ha generado suspicacias sobre si las presiones internacionales aceleraron el proceso.
Con esta medida, Petro busca enviar un mensaje de firmeza frente al crimen organizado y responder a las críticas sobre supuesta permisividad con estructuras ilegales. El caso de Pipe Tuluá se convierte en un símbolo de la compleja relación entre la política interna de paz total y las exigencias de cooperación internacional en materia de justicia y seguridad. Ahora, el cabecilla de La Inmaculada enfrentará a la justicia estadounidense, mientras en Colombia se abre el debate sobre el verdadero alcance de esta decisión.
