Ecuador completó la deportación de más de 600 ciudadanos colombianos recluidos en sus cárceles, en un operativo sin precedentes que cruzó a los deportados por el puente internacional de Rumichaca, en Ipiales. La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa como parte de una política de repatriación masiva, fue calificada por el gobierno colombiano como “un gesto inamistoso” y “carente de protocolo”, al no haber coordinación previa ni verificación jurídica completa de los deportados.
La canciller encargada de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, se trasladó a la frontera para liderar el operativo de recepción, que incluyó atención humanitaria, verificación de antecedentes y transporte. Según Migración Colombia, 603 connacionales ingresaron al país durante el fin de semana, y solo aquellos con causas penales pendientes continuarán bajo custodia. El gobierno colombiano denunció que Ecuador no compartió listados completos ni garantizó condiciones dignas, lo que vulnera principios del Derecho Internacional.
Desde Quito, el presidente Noboa defendió la medida como legítima y necesaria para aliviar la crisis penitenciaria de su país. “No podemos mantener a mil presos colombianos en nuestras cárceles”, afirmó en entrevista, señalando que los reclusos extranjeros acceden a servicios como salud antes que ciudadanos ecuatorianos. Además, el ministro del Interior anunció que los deportados tendrán prohibido reingresar a Ecuador por los próximos 40 años.
La tensión entre ambos gobiernos se ha intensificado. El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo en redes sociales, calificando la acción como un acto de “desdén” y advirtiendo que “nadie puede tratar a nuestros nacionales como enemigos”. Mientras Ecuador insiste en que hubo contacto diplomático desde el 8 de julio, Colombia niega haber recibido información completa y evalúa medidas jurídicas y diplomáticas para responder a lo que considera una deportación masiva sin garantías.