La Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas al advertir que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, habría contemplado abandonar Colombia en medio de las investigaciones por corrupción que lo rodean.
Durante la audiencia en la que se solicitó medida de aseguramiento, la fiscal del caso reveló que en el celular de Laura Ojeda, pareja de Petro, se encontraron conversaciones que sugieren un plan para tramitar pasaportes y salir del país, incluso antes de que estallara el escándalo por dineros de origen desconocido en la campaña presidencial de 2022.
Según la Fiscalía, en un chat del 5 de diciembre de 2022 Nicolás Petro habría planteado dos opciones: “negociar con la justicia o irnos del país”. Esta evidencia, extraída del dispositivo de Ojeda, se convirtió en uno de los argumentos más contundentes para insistir en que el hijo del mandatario representa un riesgo para el proceso judicial y para la sociedad, razón por la cual se pidió su privación de libertad.
El ente acusador también vinculó a Petro con la entrega de millonarios contratos de la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social, recursos que presuntamente terminaron beneficiándolo a él y a su entonces pareja Day Vásquez. Dichos contratos estaban destinados a programas sociales para adultos mayores y personas con discapacidad, pero habrían sido desviados para fines personales, según la hipótesis de la Fiscalía.
