El fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz a generado una indignación no solo por su muerte, si no por el reporte que dieron . El dirigente opositor, encarcelado tras denunciar el fraude electoral de 2024, murió en circunstancias que el régimen atribuye a un infarto. Sin embargo, su familia asegura que las autoridades ignoraron sus graves problemas de salud, convirtiendo su detención en una condena anticipada.
Estados Unidos calificó el hecho como una muestra de la “naturaleza vil” del gobierno de Maduro, mientras la oposición responsabiliza directamente al régimen por la muerte. El caso se suma a una lista de presos políticos fallecidos bajo custodia estatal.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que Díaz sufrió desmayos, convulsiones y falta de atención médica durante su encarcelamiento. La oposición asegura que su muerte refleja un patrón sistemático de represión, aislamiento y tortura contra quienes se atreven a desafiar al oficialismo. El centro de detención El Helicoide vuelve a ser señalado como un espacio de sufrimiento y degradación.
Con este deceso, ya son siete los opositores que han perdido la vida en prisión desde las elecciones de 2024. La comunidad internacional exige una investigación imparcial, mientras la sociedad venezolana debate entre la indignación y el miedo.
