La tarde del viernes 10 de octubre de 2025, Colombia fue sacudida por un hecho violento que pone en entredicho la promesa de “paz total” del gobierno nacional. El magistrado Álvaro Restrepo Valencia, vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, fue asesinado en medio de un intento de hurto en el restaurante Mi Pueblo, ubicado en el sector Tarapacá II, en la vía que conecta a Pereira con Manizales.
Según las autoridades, varios hombres armados ingresaron al establecimiento con la intención de robar a los comensales. En medio del caos, se produjo un intercambio de disparos entre los delincuentes y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien fue trasladado a un centro médico, donde falleció minutos después.
El crimen ha generado indignación en el país, especialmente en el sector judicial, donde Restrepo era reconocido por su trayectoria y compromiso con la justicia. La captura de al menos uno de los presuntos responsables no ha sido suficiente para calmar la preocupación por el aumento de la inseguridad en zonas que deberían ser seguras para los ciudadanos.
Este hecho reabre el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno Petro y su ambiciosa propuesta de “paz total”. Mientras se multiplican los casos de violencia, muchos se preguntan si realmente hay garantías para la vida y la justicia en Colombia.