La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá no solo marcó un giro judicial en uno de los procesos más mediáticos del país, sino que dejó en entredicho la actuación de la jueza Sandra Heredia, quien lo había condenado en primera instancia. El magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado de leer el fallo, fue contundente al señalar que la sentencia original se basó en una “metodología deficiente”, con “argumentos vagos y subjetivos” que vulneraron el principio de imparcialidad.
Entre los señalamientos más graves está la forma en que Heredia valoró los testimonios de testigos clave, como Juan Guillermo Monsalve y Óscar Monsalve Pineda. El tribunal indicó que hubo descalificaciones sin sustento técnico, sesgos ideológicos y una interpretación selectiva de las pruebas que no permitían sostener la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
A raíz de estos cuestionamientos, fuentes judiciales indican que la jueza Heredia podría ser investigada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNA), que tiene la facultad de abrir procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales. De comprobarse una falta grave, Heredia podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta la pérdida de su investidura como jueza.
El caso ha encendido el debate sobre la calidad de las decisiones judiciales en procesos de alto perfil y la presión que enfrentan los jueces en medio de la polarización política. Mientras algunos sectores defienden la independencia de Heredia, otros exigen una revisión profunda de su actuación. Por ahora, el expediente queda abierto y el futuro de la jueza dependerá de las acciones que adopten los órganos de control en los próximos días.