Sergio Fajardo, el precandidato presidencial que se autoproclama símbolo de la “dignidad paisa”, recorre Colombia dando entrevistas, vendiéndose como un político honesto y diferente. Sin embargo, carga sobre sus hombros un historial judicial que desmiente su discurso ético. Mientras visita Córdoba lanza frases como “No más Ñoños, no más Musas”, estigmatizando a toda una región que ha enfrentado décadas de violencia, abandono estatal y corrupción institucionalizada. Lo hace con arrogancia, como si su acento paisa lo hiciera inmune al escrutinio, cuando en realidad arrastra más de tres casos de presunta corrupción que lo tienen en la mira de la Fiscalía, la Procuraduría y hasta de la justicia estadounidense.
Está imputado por la Fiscalía desde mayo de 2021 por presuntas irregularidades en un contrato de sustitución de deuda por 77 millones de dólares, firmado en 2013 con el Banco CorpBanca. El contrato, que no cumplió con los requisitos legales, generó pérdidas millonarias al departamento de Antioquia por no prever el impacto de la devaluación del peso colombiano. La Fiscalía lo acusa de haber actuado con negligencia grave, comprometiendo el patrimonio público sin estudios técnicos ni financieros adecuados.
La Procuraduría también le formuló pliego de cargos por el caso del Túnel del Toyo, un megaproyecto de 1,3 billones de pesos que Fajardo adjudicó sin licitación pública, mediante un convenio directo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). El organismo lo señala por modificar ilegalmente el convenio original, vulnerando principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva. Mientras otros funcionarios fueron exonerados, él quedó como el principal responsable político de las decisiones tomadas.
Como si fuera poco, no le bastó con los escándalos en Colombia. En Estados Unidos, la empresa familiar Fajardo Moreno S.A.S., de la cual es socio, enfrenta un expediente federal por fraude procesal y estafa. La denuncia, interpuesta por la firma Proglobal Group, incluye acusaciones de haber ofrecido propiedades inexistentes como parte de pago en una negociación de más de 100.000 millones de pesos. Además, se investiga su posible vínculo con Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, señalado por nexos con los capos El Chapo Guzmán y Rasguño. Las autoridades estadounidenses han solicitado revisar los movimientos financieros de la firma y sus socios.
Además, Andrés Fajardo, su hermano, dejó a cientos de familias estafadas en Medellín con proyectos inconclusos como Soler Garden, un elefante blanco en la vía Las Palmas. El municipio reclama 25 mil millones de pesos por compensaciones urbanísticas incumplidas, mientras los afectados siguen esperando respuestas. La empresa prometió apartamentos que nunca fueron construidos, vendió lotes comprometidos y dejó un rastro de demandas civiles y penales que aún no se resuelven.
Por otro lado, su esposa, María Ángela Holguín, fue canciller durante el auge de la “mermelada” en el gobierno Santos, y nunca alzó la voz frente a los escándalos de Odebrecht, Reficar o los contratos amañados que marcaron esa administración. Fajardo, por su parte, guardó silencio cómplice mientras se repartían cargos y favores en nombre de la gobernabilidad. Hoy se presenta como el político que no compra votos, como si eso lo eximiera de haber sido parte del sistema que tanto critica.
Fajardo ha hecho carrera política vendiéndose como el académico decente, el matemático honesto, el alternativo que no se ensucia con la politiquería. Pero los expedientes judiciales, los contratos opacos, las imputaciones por negligencia financiera y los escándalos empresariales que lo rodean deja mucho que decir.
Mientras Córdoba lucha por superar décadas de violencia y abandono, Fajardo llega a señalar con arrogancia, como si su acento paisa lo hiciera inmune a la corrupción. Pero como es paisa es honesto y los únicos corruptos son los costeños.