El nombre de Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación, ha quedado en el centro de un escándalo que sacude la opinión pública. Diversas denuncias señalan que documentos relacionados con alias Calarcá y las disidencias de las FARC habrían permanecido más de un año sin ser investigados dentro de la entidad. La acusación directa contra la fiscal ha generado sorpresa y controversia, aunque ella misma ha respondido que las órdenes de captura y decisiones cuestionadas fueron emitidas en la administración anterior, bajo Francisco Barbosa.
El qué está en discusión son los archivos incautados y las supuestas omisiones en su trámite. El cómo se ha planteado es a través de denuncias ante la Comisión de Acusación y señalamientos de líderes políticos, quienes afirman que la Fiscalía habría favorecido a grupos armados ilegales. El cuándo se remonta a más de un año atrás, cuando el material fue decomisado en Antioquia y, según los críticos, no avanzó en investigación. ¿hubo negligencia institucional, falta de recursos o decisiones políticas detrás de la demora?
Camargo ha insistido en que no fue ella quien ordenó la libertad de disidentes, aclarando que esas medidas ya estaban levantadas antes de su llegada al cargo. Sin embargo, la polémica persiste y se amplifica en redes sociales y escenarios políticos, donde se exige claridad sobre la responsabilidad de la Fiscalía en el manejo de estos documentos.
