En medio de un fallo disciplinario en firme de la Procuraduría General de la Nación, que ordenaba suspender por tres meses al general Juan Miguel Huertas Herrera por presuntos nexos con las disidencias de las Farc, el oficial sorprendió al tramitar un permiso personal de cinco días. La decisión, avalada por la Resolución 001016 del 3 de diciembre de 2025, le permitió ausentarse temporalmente de su cargo como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, dejando encargado al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón.
El hecho genera polémica porque, pese a la gravedad de las acusaciones y a la orden expresa del Ministerio Público de apartarlo de inmediato, la suspensión no se ha materializado. En lugar de cumplir la sanción, Huertas mantiene su condición de comandante en los hechos, con la posibilidad de regresar a sus funciones una vez culmine el permiso autorizado entre el 3 y el 7 de diciembre.
La situación abre un debate sobre la institucionalidad y el cumplimiento de las decisiones disciplinarias en las Fuerzas Militares. Mientras la Procuraduría insiste en que el presidente Gustavo Petro debe ejecutar la sanción, el Ejército solo ha tramitado internamente una ausencia temporal, sin mencionar el fallo ni aplicar la suspensión. El resultado: un limbo institucional que deja en entredicho la capacidad de respuesta frente a oficiales señalados de tener vínculos con estructuras armadas ilegales.
