Una profunda conmoción sacude a Antioquia tras el ases¡nato de dos subintendentes de la Policía Nacional en el corregimiento Altamira, municipio de Betulia. Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda fueron atacados con ráfagas de fusil mientras patrullaban el sector conocido como La Cumbre. El ataque, perpetrado en pleno cumplimiento de su deber, dejó sin vida a los uniformados en el lugar de los hechos, generando una ola de indignación y dolor en la institución y en la comunidad.
Las autoridades aún no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del crimen, aunque en la zona operan estructuras como el Clan del Golfo y los frentes 33 y 36 de las disidencias de las Farc. La Policía de Antioquia activó de inmediato un operativo conjunto con el Ejército Nacional para dar con los responsables, mientras la Gobernación ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. El mensaje institucional fue claro: estos actos no quedarán impunes.
Más allá del dolor, este hecho reabre el debate sobre la seguridad de los uniformados en zonas de alto riesgo y la capacidad del Estado para proteger a quienes lo defienden. ¿Qué garantías tienen los policías que patrullan territorios dominados por grupos armados? ¿Cuántos héroes más deben caer antes de que se tomen decisiones contundentes? La ciudadanía exige respuestas, y los familiares de Chamorro y Gallego esperan justicia.