La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encendió las alarmas políticas al solicitar formalmente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. El foco de la investigación está en los vuelos contratados con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que habrían sido utilizados para movilizar al entonces candidato y su equipo, pero registrados como gastos legislativos del Pacto Histórico.
Según el alto tribunal, se identificaron al menos 27 trayectos aéreos, equivalentes a 72 horas de vuelo, que habrían sido reportados de forma irregular en la contabilidad electoral. Las facturas, inicialmente asociadas a la campaña presidencial, fueron posteriormente modificadas para figurar como parte de la campaña legislativa, lo que podría constituir un presunto fraude por más de 1.200 millones de pesos. La Corte busca establecer si se violaron los topes de financiación y si se indujo en error al Consejo Nacional Electoral para obtener reposición de gastos.
En el proceso también figuran Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, y Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, quienes habrían tenido participación directa en la administración de los recursos. La Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación ya recibieron copias del expediente para ampliar las pesquisas. La fiscal Marlene Orjuela había archivado previamente una denuncia contra Jaramillo, alegando falta de pruebas, pero la Corte insiste en que hay indicios suficientes para reabrir el caso.
Este nuevo capítulo judicial pone en entredicho la transparencia del manejo financiero del Pacto Histórico y abre un frente delicado para el presidente Petro, quien aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el requerimiento. Mientras tanto, el país espera respuestas claras sobre si hubo o no maquillaje contable en los cielos de la campaña.