La senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, enfrenta un panorama judicial complejo desde que asumió su curul en 2022. De acuerdo con registros de la Rama Judicial, existen 12 procesos en su contra, entre ellos demandas de pérdida de investidura, nulidad de elección y acciones de carácter administrativo. Estos expedientes, abiertos en distintos juzgados, han puesto bajo la lupa su papel como congresista y han generado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad política dentro de la coalición de gobierno.
Los procesos judiciales se dividen en varias categorías: demandas por presunta irregularidad en su elección, solicitudes de pérdida de investidura por supuestas incompatibilidades, acciones de nulidad contra decisiones administrativas en las que aparece mencionada, y procesos relacionados con su papel como senadora en temas de contratación y bienes registrados. Aunque ninguno ha derivado en una sanción definitiva, la acumulación de casos refleja la presión legal que enfrenta la congresista desde su llegada al Congreso.
A este panorama se suman los señalamientos de ocho generales del Ejército y la Policía, quienes han declarado que Zuleta habría ejercido presiones para frenar operativos militares en zonas críticas del país. Estas acusaciones, aún en investigación, han despertado preocupación sobre una posible injerencia indebida en asuntos de seguridad nacional, especialmente en el marco de la política de paz total impulsada por el gobierno.
Zuleta, reconocida por su trayectoria como activista social y ambiental, ha defendido su labor en el Congreso como una extensión de su lucha por los derechos comunitarios. Sin embargo, los 12 procesos judiciales y las denuncias de injerencia militar mantienen su nombre en el centro de la polémica. El caso refleja la tensión entre la narrativa de transformación que promueve el Pacto Histórico y las dudas que persisten sobre la actuación de algunos de sus integrantes en escenarios institucionales y de seguridad.
