La reciente victoria del centroderechista Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales de Bolivia ha reactivado uno de los casos judiciales más delicados y polémicos de la última década: las acusaciones contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de pers0nas agravada y abus0 sexu4l de una menor de 15 años. Tras años de estancamiento judicial y denuncias de encubrimiento político, el nuevo clima institucional ha dado paso a una oleada de llamados en redes sociales y sectores civiles para que Morales enfrente la justicia sin privilegios ni dilaciones.
El caso, que se remonta a hechos ocurridos en 2016 durante el mandato de Morales, involucra la supuesta relación con una men0r con la que habría tenido un hijo. En enero de 2025, un juez de Tarija ordenó su detención tras su inasistencia reiterada a audiencias clave, en el marco de una imputación formal por trata de personas agravada. Aunque Morales ha negado las acusaciones, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para continuar el proceso. La investigación fue reactivada en 2024, en medio de una pugna interna por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que algunos interpretan como una fractura en los antiguos pactos de impunidad.
Rodrigo Paz, presidente electo, ha declarado que su gobierno no será funcional al MAS y que la justicia actuará “sin privilegios” en todos los casos pendientes, incluyendo el de Morales. Aunque no ha emitido una orden directa, su postura ha sido interpretada como un respaldo a la independencia judicial y una señal de que los tiempos de protección política podrían haber terminado. La presión social y mediática, sumada al nuevo equilibrio de poder, podría marcar un punto de inflexión en la rendición de cuentas de figuras históricas del país.
Si bien Morales aún no ha sido condenado y se presume su inocencia, el avance del proceso judicial bajo un nuevo gobierno podría redefinir el legado del líder cocalero y abrir una etapa de revisión crítica del pasado reciente boliviano.