La Presidencia de la República, mediante el decreto 1014 de 2025, designó a Armando Benedetti como ministro de Justicia ad hoc para asumir las funciones relacionadas con el cumplimiento de la condena penal impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión se tomó tras el impedimento presentado por el ministro de Justicia titular, Eduardo Montealegre, quien se declaró víctima en el proceso judicial contra Uribe y, por ello, se apartó voluntariamente del caso.
El nombramiento, oficializado el 21 de septiembre, otorga a Benedetti las facultades para adelantar actuaciones administrativas vinculadas a la condena de Uribe y asumir el liderazgo del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en lo relativo a este caso.
Además, Benedetti tendrá a su cargo otras funciones del Ministerio de Justicia, como el trámite de solicitudes de extradición relacionadas con casos de alto perfil, fortaleciendo así su papel en asuntos sensibles judiciales del Estado.
Esta designación genera debate porque Benedetti, cercano al presidente Gustavo Petro, asume un papel decisivo en un caso emblemático y polémico que involucra al exmandatario Uribe, lo que despierta cuestionamientos sobre la posible politización del proceso.
Para Benedetti, esta responsabilidad representa una oportunidad para demostrar imparcialidad y compromiso con el debido proceso, mientras que para Uribe implica un proceso administrativo judicial bajo la supervisión de una figura vinculada políticamente al actual gobierno.