La senadora Isabel Zuleta tuvo que retractarse ante la Corte Suprema de Justicia por las acusaciones que durante más de un año dirigió contra el excandidato presidencial Federico Gutiérrez. En su declaración oficial, Zuleta reconoció que no tenía pruebas para sostener los señalamientos que promovió en escenarios judiciales y mediáticos, los cuales vinculaban a Gutiérrez con supuestos hechos criminales. La Corte concluyó que no existía sustento fáctico en sus afirmaciones, lo que obligó a la parlamentaria a pedir disculpas públicas.
Dirigentes políticos y sectores críticos del Pacto Histórico interpretaron la retractación como una derrota moral y jurídica, señalando que se abusó de testigos cuestionados para afectar la reputación de Gutiérrez en plena coyuntura electoral. La defensa del exalcalde de Medellín advirtió que este caso podría sentar un precedente sobre el uso irresponsable de la calumnia como herramienta política.
Aunque la senadora no ofreció declaraciones adicionales tras su retractación, el episodio ha reavivado el debate sobre los límites éticos de la confrontación política en el Congreso. La expectativa ahora se centra en si la Corte Suprema avanzará en decisiones que sancionen el uso de acusaciones sin evidencia como estrategia electoral. Para Gutiérrez, este desenlace representa una reivindicación de su nombre y una advertencia contra quienes, según él, buscan “quemar” personas con fines políticos.
