Una reciente encuesta ha revelado que el 96 % de los colombianos estarían de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro sea extraditado a Estados Unidos, en medio del escándalo por su inclusión en la Lista Clinton. Esta clasificación, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo señala por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lo que ha generado una tormenta política y diplomática sin precedentes en la historia reciente del país.
La indignación ciudadana se ha intensificado tras conocerse que no solo Petro, sino también su círculo cercano incluyendo su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti fueron incluidos en la lista. Muchos colombianos consideran que el país atraviesa una grave decadencia institucional, y exigen que Estados Unidos actúe con celeridad. La percepción generalizada es que el Gobierno ha perdido legitimidad y que la justicia internacional podría ser la única vía para frenar lo que algunos llaman “el deterioro ético del poder ejecutivo”.
Mientras tanto, el presidente ha lanzado una campaña internacional para exigir su salida de la lista, alegando que no existen pruebas que lo vinculen con actividades ilícitas. Sin embargo, sus llamados a la “presión social global” han sido recibidos con escepticismo. Para muchos ciudadanos, la inclusión en la Lista Clinton no es una persecución política, sino una señal de alerta sobre la gravedad de las acusaciones. La presión sobre la Casa Blanca y el Congreso estadounidense crece, mientras Colombia observa con atención el desenlace de un episodio que podría marcar un antes y un después en su historia democrática.