Tras semanas de protestas y bloqueos, el Ministerio de Transporte confirmó la reubicación del peaje La Caimanera hacia la Variante Coveñas, dentro del proyecto vial de iniciativa privada IP Conexión Antioquia–Bolívar, conocido como la Ruta al Mar. La medida, avalada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), busca garantizar la continuidad del proyecto, pero cayó como un “baldado de agua fría” entre comerciantes y hoteleros, quienes advierten que el traslado afectará directamente la economía local y podría ahuyentar a los turistas.
El Gobierno, sin embargo, ha señalado que la decisión no afectará la libre circulación en el corredor turístico Tolú–Coveñas, pues los vehículos de categorías I y II podrán optar por el paso urbano de Coveñas sin pagar peaje. Además, se establecieron tarifas diferenciales para los habitantes de los municipios del área de influencia, Coveñas, Tolú, San Antero, Santa Cruz de Lorica, San Antonio de Palmito y Toluviejo: $5.000 para automóviles y camionetas (categoría 1E) y $7.200 para buses (categoría 2E).
Aun con estas garantías, sectores productivos de Sucre insisten en que la ubicación del peaje en la variante golpeará la competitividad del corredor turístico, pues consideran que los visitantes podrían evitar la zona ante la percepción de mayores costos de movilidad. Las protestas recientes reflejan la tensión entre las comunidades locales y el Gobierno Nacional, que defiende la medida como un equilibrio entre la necesidad de financiar la infraestructura vial y la protección del turismo regional.
El traslado del peaje La Caimanera se convierte así en un nuevo capítulo de la disputa entre las autoridades nacionales y las comunidades de la región Caribe, que reclaman mayor participación en las decisiones que afectan directamente su economía y desarrollo turístico.
