Una manifestación convocada en apoyo a la Flotilla Global Sumud y al pueblo palestino degeneró en disturbios violentos en el norte de Bogotá, dejando daños materiales en infraestructura policial y comercial. Lo que comenzó como una concentración pacífica frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), terminó con ataques a un CAI, pintadas ofensivas y agresiones contra la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), generando rechazo entre sectores ciudadanos que cuestionan el uso de la violencia como medio de expresión.
Los colectivos propalestinos señalaron a la ANDI como “plataforma comercial de Israel”, acusación que la entidad calificó como “falsa y estigmatizante”. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro respaldó las movilizaciones, ordenó la expulsión de la delegación diplomática israelí y propuso una huelga general mundial en solidaridad con Palestina. Sin embargo, el respaldo oficial contrasta con el silencio frente a los actos vandálicos, lo que ha generado críticas por la falta de condena explícita a la violencia.
El alcalde Carlos Fernando Galán defendió la actuación de la fuerza pública y lamentó que el Gobierno no se pronuncie claramente sobre los hechos violentos. “Si el Gobierno apoya una protesta pacífica está en todo su derecho. Pero cuando hay violencia, es fundamental que quienes la convocan la rechacen de manera contundente”, afirmó. La protesta dejó un integrante de la UNDMO herido y afectaciones en la movilidad, sin que se reportaran capturas.
Este episodio plantea una pregunta incómoda: ¿puede considerarse decente quien apoya una causa que termina en vandalismo? La defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional no deberían confundirse con la destrucción de bienes públicos ni con el ataque a quienes garantizan el orden. La protesta legítima pierde fuerza cuando se contamina con violencia, y quienes la promueven tienen la responsabilidad de deslindarse de los actos que la desvirtúan.