El presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en Colombia, tras un fin de semana de expectativa y con la firma de todos sus ministros. Se trata de la tercera vez que su gobierno acude a un estado de excepción, una figura que le permite tomar medidas sin pasar por el Congreso. El argumento oficial es la gravedad de la crisis fiscal, que según el decreto se ha vuelto “extraordinaria” por el aumento de gastos en salud, seguridad, desastres naturales y obligaciones judiciales.
La decisión llega después de que el Legislativo negara las reformas tributarias propuestas por el Ejecutivo, lo que convierte este decreto en un camino alterno para imponer nuevos tributos. Entre las medidas que ya circulan en borradores se incluyen el aumento del impuesto a las transacciones financieras del 0,4% al 0,5%, la ampliación del impuesto al patrimonio con tarifas de hasta el 5% y mayores gravámenes al consumo de licores, cigarrillos y juegos de azar en línea. Petro incluso sugirió que la emergencia podría servir para bajar los salarios de los congresistas, en respuesta a la oposición.
El cuándo y el por qué son claros: la emergencia se decretó el 22 de diciembre de 2025, con el objetivo de cubrir un déficit fiscal que, según el Gobierno, supera los 10 billones de pesos. El cómo será a través de decretos que estarán vigentes durante los próximos 30 días, mientras la Corte Constitucional revisa su legalidad. El para qué, según Petro, es garantizar recursos para salud, seguridad y atención de desastres, aunque la oposición y los empresarios advierten que en realidad se trata de una vía para imponer una reforma tributaria rechazada por el Congreso.
Los problemas que traerá esta medida para Colombia y el comercio son evidentes: un aumento en los costos de transacciones financieras, mayor carga tributaria para patrimonios y sectores productivos, y un clima de incertidumbre jurídica que podría frenar la inversión.
