La Defensoría del Pueblo volvió a encender las alarmas al advertir que en nuevos operativos aéreos podrían haber fallecido más menores de edad, un hecho que aún estaría en plena verificación. La revelación cayó como gasolina sobre un Gobierno ya cuestionado por el bombardeo en Guaviare, que dejó a las autoridades bajo un escrutinio nacional sin precedentes. La defensora Iris Marín pidió suspender de inmediato estas acciones mientras se aclaran las denuncias.
A todo esto se suma la apertura de una indagación formal por parte de la Justicia Penal Militar, que ahora revisa los hechos del 10 de noviembre, cuando un operativo dejó 20 muertos, entre ellos siete adolescentes que habían sido reclutados a la fuerza. La carga jurídica y política del caso sigue aumentando, pues la Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria. La atención se centra en determinar si la operación respetó los principios básicos del conflicto armado.
Las reacciones políticas fueron inmediatas y feroces. Analistas, defensores de derechos humanos y voces del exilio exigieron renuncias en el alto mando del Gobierno, asegurando que no hay justificación para que un Estado ordene acciones que terminen con la vida de menores reclutados. Las acusaciones tocan de frente al presidente y al ministro de Defensa, a quienes responsabilizan de no frenar una práctica que, según ellos, erosiona cualquier autoridad moral. Las críticas cuestionan la coherencia ética del Gobierno en medio del conflicto.
El ambiente se tensó aún más cuando se conocieron las edades de los jóvenes fallecidos, el menor de apenas 13 años. Organismos internacionales expresaron su rechazo, señalando que la tragedia deja en evidencia el drama del reclutamiento forzado.
