La Fiscalía General de la Nación desmintió públicamente las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro contra el fiscal Mario Burgos, confirmando que no existen investigaciones en su contra por narcotráfico ni vínculos con estructuras criminales. El informe oficial, elaborado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, fue clave en el fallo de tutela que ordenó al mandatario rectificar sus declaraciones.
Según el documento, Burgos solo figura en tres procesos activos relacionados con prevaricato y fraude procesal, todos derivados de denuncias interpuestas por la defensa de Nicolás Petro. La Fiscalía revisó el sistema judicial y certificó que no hay registros que lo vinculen con delitos de narcotráfico.
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá concluyó que las afirmaciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales del fiscal, como el buen nombre y la honra, y ordenó una rectificación pública. Aunque Petro cumplió parcialmente con la orden, su mensaje incluyó comentarios sobre una supuesta tensión institucional y el riesgo de censura entre poderes.
Este episodio ha intensificado el debate sobre los límites de las declaraciones presidenciales y la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial. Mientras el fallo reafirma la presunción de inocencia como principio constitucional, el mensaje del presidente deja entrever una creciente fricción institucional que podría tener repercusiones en el equilibrio democrático del país.