El presidente Gustavo Petro ordenó la compra inmediata de sistemas antidrones para proteger a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, tras los recientes ataques perpetrados con drones cargados de explosivos por parte de grupos armados ilegales. La decisión fue anunciada durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño, donde el mandatario señaló que la inversión será de un billón de pesos y se ejecutará bajo la figura de urgencia manifiesta para acelerar los procesos de contratación.
La medida responde a la creciente amenaza tecnológica que enfrentan las tropas, especialmente después del ataque ocurrido en Aguchica, Cesar, donde guerrilleros del ELN emplearon drones contra el Batallón de Infantería No. 14, dejando seis soldados muertos y 31 heridos. Según el Ejército Nacional, entre abril de 2024 y diciembre de 2025 se han registrado 393 ataques con drones, lo que evidencia la magnitud del riesgo.
Sin embargo, la decisión presidencial ha generado un fuerte choque político. Desde la oposición, que se autodenomina “defensora de la patria”, se cuestionó la compra de los sistemas antidrones y se negó inicialmente el respaldo a la iniciativa en el Congreso.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó al Capitolio con evidente preocupación, insistiendo en la necesidad de aprobar los recursos para garantizar la seguridad de los uniformados, pero se encontró con trabas y negativas de sectores que luego responsabilizan al presidente por las bajas militares.
El debate refleja la tensión entre la urgencia de modernizar la defensa nacional y las pugnas políticas que rodean la gestión de Petro. Mientras el Gobierno insiste en que los sistemas antidrones son indispensables para salvar vidas y enfrentar el nuevo modo de ataque de los grupos terroristas, la oposición mantiene sus reparos, alimentando una controversia que pone en el centro la seguridad de los soldados y policías en medio de la guerra irregular que vive el país.
