La representante a la Cámara Katherine Miranda encendió las alarmas al denunciar que el Gobierno de Gustavo Petro habría firmado contratos por más de 9 billones de pesos en tan solo una semana, justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales. Según Miranda, entre el 1 y el 8 de noviembre se disparó la contratación estatal en un 779 % respecto al mes anterior, lo que ella califica como una maniobra para “vaciar los recursos públicos como si fueran caja menor de campaña”.
La parlamentaria compartió un video en sus redes sociales donde acusa al Ejecutivo de usar convenios interadministrativos que deberían ser excepcionales como herramienta para canalizar recursos hacia fines políticos, presuntamente en favor del Pacto Histórico. “Esto no es casualidad, es un pico artificial, dirigido y calculado justo antes de que las reglas impidieran el uso político del Estado”, afirmó Miranda, quien también cuestionó la falta de transparencia en la adjudicación exprés de contratos.
El escándalo ha generado una ola de críticas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, que exigen una investigación urgente sobre el uso de recursos públicos en tiempos preelectorales. Mientras el Gobierno guarda silencio frente a las acusaciones, la oposición advierte que este caso podría marcar un precedente grave en el abuso del poder para fines electorales. ¿Hasta cuándo se seguirá usando el Estado como plataforma de campaña?
