Desde su polémica intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro no ha bajado el tono. A pesar de que el Departamento de Estado de EE.UU. le retiró la visa por incitar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes durante una protesta propalestina en Nueva York, el mandatario colombiano insiste en que Donald Trump merece ir a la cárcel por ser “cómplice del genocidio en Gaza”.
En un consejo de ministros transmitido al país, Petro reafirmó su postura rodeado de banderas palestinas y lanzó nuevas críticas al gobierno estadounidense por no capturar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita a la ONU. Según el presidente, “Estados Unidos no reconoce el derecho internacional” y desobedece el Estatuto de Roma, que define los crímenes contra la humanidad. “Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer”, afirmó.
Mientras Petro se proyecta como líder global en defensa de Palestina, en Colombia la realidad golpea el bolsillo: este 1 de octubre, el precio de la visa americana amaneció en $1.700.000, generando malestar ciudadano y cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno. La tensión entre el discurso internacional y la gestión local se hace cada vez más evidente.
La defensa de Palestina se ha convertido en bandera política para Petro, quien asegura que “la juventud está con nosotros” y que su lucha es por la vida y la justicia. Sin embargo, sectores críticos advierten que el país enfrenta una crisis económica, una inflación persistente y una ciudadanía que exige respuestas concretas más allá de los escenarios internacionales.