El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, encendió la polémica al declarar en entrevista que el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella “es bueno para vender ron, pero no tiene formación intelectual”. La frase, que mezcla sarcasmo con descalificación directa, ha sido interpretada como una intervención política indebida, violando el principio de neutralidad que exige la ley a los funcionarios del gabinete. La defensa de De la Espriella ya radicó una solicitud formal de rectificación, alegando que las declaraciones vulneran su honra y presunción de inocencia.
Montealegre no se detuvo ahí. En un video difundido en redes sociales, reiteró que De la Espriella es “abogado de la mafia”, lo que llevó al precandidato a exigir la eliminación de dichas afirmaciones por considerarlas infundadas y difamatorias. El abogado Germán Calderón España, apoderado de De la Espriella, advirtió que el ministro podría enfrentar consecuencias judiciales por participación política y calumnia, mientras la Procuraduría evalúa abrir una investigación disciplinaria.
Paradójicamente, el ataque parece haber fortalecido a De la Espriella, quien sigue liderando las encuestas como el candidato con mayor favoritismo para las elecciones presidenciales de 2026. Su discurso de “mano dura” y su estilo confrontacional han calado en sectores que reclaman orden y autoridad frente al caos institucional. “Mientras ellos insultan, nosotros sumamos votos”, respondió el precandidato en su cuenta de X.
Este cruce entre justicia y política deja al descubierto una grieta institucional: ¿puede un ministro de Justicia convertirse en actor político sin consecuencias? ¿Y qué significa que el candidato más opcionado sea blanco de ataques desde el propio gobierno? La campaña apenas comienza, pero el tono ya es de guerra verbal.