El Gobierno nacional alista un decreto de emergencia económica que entraría en vigencia en 2026, con el objetivo de cubrir el déficit fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria. El borrador contempla un paquete de medidas que, según el Ministerio de Hacienda, permitirían recaudar cerca de $16 billones para equilibrar el presupuesto del próximo año.
Entre las propuestas más polémicas se encuentra el aumento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4×1000, que pasaría al 5×1000. Esta medida, que afecta directamente a millones de colombianos en sus transacciones bancarias, ha sido interpretada por críticos como un golpe al bolsillo ciudadano y una forma de trasladar los errores económicos del Gobierno a la población.
El decreto también incluye nuevos impuestos al patrimonio de las personas jurídicas, tarifas progresivas entre 0,5% y 5%, IVA a juegos de azar por internet, gravámenes más altos a licores, cigarrillos, vapeadores y un impuesto especial del 1% a la primera venta o exportación de carbón y petróleo crudo. Todos estos recursos se destinarían exclusivamente a cubrir los gastos del Presupuesto General de la Nación derivados de la emergencia.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el decreto será presentado oficialmente y que en los próximos días se expedirán los reglamentos correspondientes. Sin embargo, la medida ya genera controversia: mientras el Gobierno defiende la necesidad de recaudar para garantizar estabilidad fiscal, sectores opositores denuncian que se trata de una “locura tributaria” que golpea a los ciudadanos y contradice la promesa de cambio económico.
